La política científica es una política pública enfocada al desarrollo social, económico, industrial y medioambiental mediante la generación del conocimiento en todos sus ámbitos y su transferencia a la sociedad, donde la divulgación científica tienen un papel fundamental para devolver a la ciudadanía su esfuerzo en apoyar la ciencia, y la tecnología.
La política científica de la democracia se fundamenta en tres leyes. La primera ley de ciencia se aprobó en 1986 con el nombre de
Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, e impulsó el Plan de Investigación Científica y Técnica como instrumento de la Administración General del Estado (AGE) para la implementación de la política científica, estableciendo objetivos y prioridades para la financiación de la investigación.
Con los años aumentó la complejidad del Sistema público español, y se incorporaron nuevos actores, como las Comunidades Autónomas y el Espacio Europeo de Investigación y del Espacio. Se hizo necesaria una nueva ley que respondiera a las necesidades del nuevo contexto, de modo que se aprobó la
Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta ley ya tiene presente la transversalidad de género, pero la igualdad de género en ciencia se vería reforzada con la aprobación de la
Ley 17/2022 por la que se modificó la anterior.
El ámbito de intervención de la política científica, impulsada desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, son las Universidades, los Organismos Públicos de Investigación de la AGE, otras Administraciones Públicas, y las empresas de investigación y desarrollo.
Análisis
Impacto de la política en los roles de género
El impacto de la política científica en los roles de género se ve incrementado con la Ley 17/2022 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, al reforzar la trasversalidad de género desde un abordaje dual, incluyendo instrumentos de planificación y estableciendo estructuras y acciones concretas para erradicar las desigualdades de género en ciencia, e incorporar la interseccionalidad. La ley establece la presencia equilibrada entre hombres y mujeres en todas las esferas del sistema científico, de modo que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%.
Efectos en el acceso igualitario a recursos económicos
Los informes “Mujeres e Innovación 2022”, elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y “Científicas en Cifras 2023”, de la FECYT, reflejan un amplio abanico de estadísticas que ponen de relevancia la distribución desigual de los recursos económicos entre hombres y mujeres, tanto en la financiación de contratos de personal como en proyectos de investigación. Al menos una mujer participa en la gran mayoría de los proyectos de investigación, pero el porcentaje de mujeres que lideran los proyectos de investigación financiados no supera el 40%.
Representación de las mujeres en Ciencia
Las mujeres siguen estando infrarepresentadas en los puestos de decisión del sistema científico, según los informes anteriormente mencionados. En este panorama cabe destacar que la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas recae en una mujer desde 2017, siendo la primera presidenta Rosa Menéndez, y desde 2022 y hasta la actualidad Eloísa del Pino.
La Comisión de Mujeres y Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace un seguimiento de la presencia de mujeres en los sucesivos puestos de la carrera científica y publica anualmente sus resultados en el Informe “Mujeres investigadoras”, del que procede el gráfico mostrado a continuación. En la fase predoctoral, hombres y mujeres están igualados, y a partir de la fase posdoctoral la proporción de mujeres disminuye progresivamente.
Impacto
La política científica es una carrera de fondo, con unas estructuras rígidas y cuyos cambios solo se aprecian a medio y largo plazo, dado que los planes estatales son plurianuales y se definen con bastante anterioridad a su puesta en marcha. Por ello, la radiografía que presentan actualmente los informes antes mencionados son los efectos de las leyes de 1986 y 2011. Cabe esperar que la nueva Ley 17/2022 surta mayor efecto que las anteriores, porque concreta y amplía los mecanismos para implementar la igualdad de género en todas las esferas del sistema de ciencia e innovación. Pero habrá que esperar a ver cómo se trasladan de manera efectiva estos avances en la próxima
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, puesto que la actual estará vigente hasta 2027. Antes de esa fecha, la primera oportunidad de vislumbrar alguna acción será el próximo
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027.
Puntos fuertes y debilidades
Como puntos fuertes de la política de ciencia, se puede indicar en primer lugar que, dentro del panorama europeo, España es el segundo país con un mayor porcentaje de investigadoras, con un 40%, revelando así una masa crítica importante para seguir avanzando. Por otra parte, cabe destacar el importante camino recorrido y los esfuerzos realizados, pudiéndonos remontar incluso a principios del siglo XX. Por último, la igualdad de género es un punto clave de la actual política científica, más ambiciosa y alineada con las políticas de igualdad más importantes, existiendo un marco legal sólido y maduro.
Como debilidades de la política científica en relación con la igualdad de género, la primera sería su reducido ámbito de aplicación, puesto que hace referencia a una parte muy concreta de la sociedad que, en ocasiones y pese a los esfuerzos de visibilizarlo, queda alejada de la ciudadanía. La segunda debilidad, y al tiempo fortaleza, es el carácter competitivo inherente a la actividad científica. Los recursos se distribuyen a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva en base a unos criterios establecidos. Esta competitividad, beneficiosa para asegurar la excelencia científica, podría ser la clave para integrar talento en lugar de descartarlo, incorporando criterios teniendo en cuenta la interseccionalidad.
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